Daniela Ibáñez
El gobierno del empresariado?

Saliendo del pueblo de Urubamba, todavía se lee en las paredes "Pedro Castillo Presidente 2021". Me encontraba en el Valle Sagrado atendiendo la conferencia de CADE Ejecutivos 2023, a casi un año del golpe de estado de quien fuera uno de los presidentes más fugaces de nuestra historia. A diferencia del año anterior en CADE en Paracas, donde no se vio la presencia de miembros del Poder Ejecutivo, solo las representantes de entonces del Poder Judicial, la Defensora del Pueblo y la actual Fiscal de la Nación; en esta ocasión se dio la concurrencia de, por lo menos, siete ministros de estado. El primer día de la conferencia, el primer ministro Alberto Otárola señaló: "Tenemos tres años para gobernar juntos", y Semana Económica lo publicó como titular, reforzando aquella narrativa izquierdista que data de principios de año, indicando que nos encontramos en un gobierno autoritario cívico-militar-empresarial.
Diversas encuestas de opinión señalan lo siguiente: la ciudadanía percibe que Dina Boluarte gobierna con aliados de la derecha política. A pesar de que Boluarte proviene de las canteras de la izquierda más radical -Perú Libre- y su empoderado primer ministro proviene de la izquierda caviar humalista; por defecto, el gobierno que encabezan ha tomado otro rumbo ideológico. La izquierda radical se desligó de Boluarte por su traición al no cumplir su promesa de renunciar al cargo en caso de que Castillo saliera de la escena, y los caviares le declararon la guerra tras la interpretación que eligieron tener de la respuesta del gobierno ante las protestas y la negativa de apoyar contundentemente un adelanto de elecciones. Ante esto, el gobierno de Boluarte solamente le quedó aliarse con todos aquellos que no se rehusaban a sentarse a la mesa con ella. Además de ello, Boluarte no tiene el suficiente apoyo popular para optar por la vía Vizcarrista de polarización con el Congreso; por lo tanto, la coexistencia pacífica con un grupo parlamentario significativo de inclinación centro-derecha.
Sin embargo, en esencia, no le llamaría un gobierno de derechas propiamente, a pesar de que varios de sus ministros, incluyendo PRODUCE, Vivienda y RREE, tienen una clara inclinación pro-mercado; sino le llamaría un gobierno pragmático populista social-demócrata. Eso se vislumbra claramente con la fe de diversos ministros, especialmente MEF, MINTRA y PCM, en la capacidad del estado y la inversión pública de sacarnos de la recesión, y también el corte populista al adoptar un tono claramente xenófobo contra la comunidad venezolana, culpándola del incremento de la inseguridad ciudadana.
Es cierto que en la cosmovisión del gobierno, el empresariado es visto como un aliado rentable. Sin embargo, es dudosa la verdadera disposición del gobierno de adoptar las medidas de reforma integral que el empresariado propone hace varios años: formalidad, simplificación de tributación y burocracia, reestructuración de empresas públicas como Petroperú; y las que propone para revertir el calamitoso paso de Castillo por el poder, por ejemplo, la agenda 19 laboral que empoderó a los sindicatos desmedidamente, entre otras disposiciones. Si bien es cierto que en CADE se respiraba optimismo dado el diálogo entre empresarios y ministros en varias exposiciones, es dudoso si el gobierno verdaderamente implementará estas medidas. Y esto es porque el gobierno no solamente son los ministros, sino los viceministros y la burocracia infinita. Y además, como todos sabemos, para el gobierno de Boluarte, la foto es lo más importante.
Es aquí que el empresariado se encuentra en una encrucijada. Por un lado, se encuentra con un gobierno que tiene grandes posibilidades de terminar su mandato y, por lo tanto, se puede buscar colaborar para impulsar medidas pro-mercado mientras dure ese plazo de tiempo. Por otro lado, la impopularidad de Boluarte y sus ministros, sumado al hecho de que la recesión es asignada a su gestión en el imaginario popular, podría terminar repercutiendo así mismo en la viabilidad electoral de opciones de derecha hacia el 2026. En otras palabras, quien paga el plato por la impopularidad de Dina, son aquellos que no vieron otra opción más que resignarse a tomarse la foto.
Digo todo esto, siendo sincera, con preocupación sobre lo que pueda pasar hacia las siguientes elecciones, porque las fuerzas pro-mercado otra vez se ven en off-side. Sin un claro liderazgo y con sectores de derecha igual o más fragmentados que en el 2021, difícilmente auguro un futuro distinto al ciclo vicioso que hemos vivido los últimos 10 años, condenados a la mediocridad o a lo criminal en el poder.
Ahora, no todo está perdido. Yo creo que el empresariado debe sincerarse y no debe rehuir de la discusión política. Creo que hay un movimiento importante de aquellos dispuestos a dar la cara y decir sin miedo lo que aportan al país desde sus espacios empresariales. Todos queremos evitar la avalancha de "mean tweets", pero eso es inevitable una vez buscas involucrarte en la vida política. Hay que soportarlo y elegir creer que hay una mayoría silenciosa dispuesta a escuchar nuestra versión de la historia. Lo que sí se le debe al país es un intento serio de sentarse a pensar en un plan país para los siguientes 5, 10, 20 hasta 50 años. Difícilmente será una iniciativa que se encuentre en el lenguaje de los KPIs, pero nos agradeceremos a nosotros mismos cuando pase el tiempo, que se realizó un verdadero esfuerzo estratégico de pensar más ordenadamente en las opciones de cambio en épocas fuera del rumbo electoral.
No nos quedemos en la foto.