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  • Writer's pictureDaniela Ibáñez

Ningún contrato ley minero vence en el 2023





A partir de la salida de Pedro de Castillo del poder, la izquierda radical se ha dedicado a difundir una serie de mentiras en las redes sociales con el objetivo de crear una realidad discursiva alternativa. Una de las mentiras más propagadas por la izquierda es aquella que dice que los grandes empresarios tenían un interés en sacar a Castillo del poder antes del 2023 dado que este año vencían los contratos ley por cumplirse 30 años desde la vigencia de la actual Constitución. Otros izquierdistas creen que el Congreso es quien otorga los contratos ley. Repasemos porque todo esto es mentira.


En primer lugar, ¿qué son los contratos ley en la minería? Son contratos de estabilidad tributaria entre el estado y un inversionista para que los términos con los que inicialmente se decidió invertir no cambien por un periodo determinado, en especial protege el contrato de futura legislación el cual le pudiera afectar.


En definición del Tribunal Constitucional un contrato ley es: “un convenio que pueden suscribir los contratantes con el Estado, en los casos y sobre las materias que mediante ley se autorice. Por medio de él, el Estado puede generar garantías y otorgar seguridades, otorgándoles a ambas la calidad de intangibles. ¿Cuáles son los beneficios?

  • Brindar más incentivos para que se inviertan grandes montos en proyectos mineros a largo plazo. De esta manera el inversionista minero tiene la seguridad que los impuestos no cambiarán de un momento a otro afectando la rentabilidad del proyecto o la recuperación de la inversión

  • Permite protección al inversionista ante la alta volatilidad de los precios internacionales por los recursos naturales. En países con instituciones precarias como el Perú se genera la tentación de subir los impuestos cuando los precios se encuentran más altos. No solamente esto desincentiva la inversión sino que también reduce la capacidad de recaudación de impuestos en el largo plazo, a diferencia de lo que te puedan decir personajes como José de Echave.

Ahora, es falso que todos los contratos ley vencieron en el 2023. Por la simple razón que no todos los contratos ley empezaron en el año 1993, y además porque son variables dependiendo del monto de la inversión y los respectivos requisitos.

  • Un contrato ley por 10 años necesita una inversión mínima de US$ 20 millones para unidades mineras que inicien o amplíen operaciones

  • Un contrato ley por 12 años necesita una inversión de US$ 100 millones en caso inicien operaciones y US$ 250 millones en el supuesto de ampliación de operaciones

  • Un contrato ley por 15 años requiere una inversión mínima de US $500 millones en caso inicien o amplíen operaciones.



De esta manera vemos que los contratos ley para las principales operaciones mineras en el país son diferentes y ninguno de ellos vence en el 2023. Para esto solo se tiene que revisar la cláusula de garantías contractuales de cada contrato ley.



En general han existido 24 contratos ley desde 1990 y actualmente 6 permanecen vigentes. El último contrato ley que se firmó fue en el 2019 con la minera Angloamerican para el proyecto Quellaveco. Sin embargo vale recalcar que cada vez menos se utiliza esta figura debido a la mayor estabilidad tributaria en el país en los últimos años.




Revisemos uno de los contratos ley para desmentir la idea que las mineras pagan menos impuestos como resultado de este acuerdo. La Sociedad Minera Cerro Verde firmó un contrato de estabilidad tributaria con el estado por un plazo de 15 años a partir del 2014. La empresa debe pagar una tasa de impuesto a la renta del 32%, lo cual es 2.5% mayor a la tasa del régimen general de 29.5%. Entre el 2014 y el 2018 Cerro Verde pagó $84 millones extra en impuestos como resultado del Contrato Ley. Por lo tanto el Estado se benefició con $84 millones adicionales en impuestos adicionales por este contrato ley (Fuente: IPE).


Por último es falso que el Congreso sea quien firme los contratos ley. Basta con revisarlos para percatarse que es el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas quienes suscriben estos contratos. La siguiente foto es del último contrato ley firmado en el 2019 por el proyecto Quellaveco.




Fuentes:


Anexo:




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